A- de 2022

Conflicto de Jurisdicciones entre el Juzgado Ochenta y Ocho de Instrucción Penal Militar y la Fiscalía Ciento Siete adscrita a la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín.

La controversia entre las precitadas autoridades tuvo su origen en la investigación y proceso penal sobre las muertes que se presentaron en el marco de la Operación “JOEL” adelantada por el Ejército Nacional, entre ellas la de un niño menor de 14 años de edad.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte declaró que la Fiscalía Ciento Siete adscrita a la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín es la autoridad competente para continuar con la investigación de las conductas en el proceso de la referencia.

Frente al particular precisó que, aun cuando se encuentra satisfecho el criterio subjetivo de la competencia de la Justicia Penal Militar, por cuanto el presunto delito fue cometido por un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo, existe una duda razonable referente a la existencia o no de un combate real, que permita determinar que el criterio funcional se cumple, el cual se exige para activar la competencia de la justicia penal militar previsto en el artículo 221 Superior, el cual procede excepcionalmente cuando hay certeza sobre los elementos subjetivo y funcional que constituyen dicho fuero y activan la competencia de la justicia penal militar.

Además, como regla de decisión, la Corte señaló que en los conflictos de jurisdicciones planteados entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar, la Fiscalía involucrada será competente para tramitar la investigación penal cuando se trate de un posible delito contra la vida de un niño, niña o adolescente cuyo fallecimiento hubiese ocurrido con ocasión de una operación militar y, prima facie, existieran dudas en el material probatorio sobre la posibilidad de que el niño participara de manera directa en el conflicto, por lo que su deceso pudiese ser consecuencia de una “grave violación a los derechos humanos”.

De ahí que, tampoco sería posible acreditar el criterio funcional de la competencia de la Justicia Penal Militar.

Con base en lo anterior se ordenó enviar el expediente a la mencionada Fiscalía para lo de su competencia y para que comunique la decisión a los interesados.